Para la “Justicia Española” es más peligroso un demócrata catalán que un etarra o un terrorista de estado de los GAL

Cada vez es más difícil hablar de “justicia española”. Después de lo que hemos vivido los últimos meses o es justicia o es española, pero las dos juntas son un oxímoron. Ya son muchos, muchísimos los juristas, muchos de ellos españoles y dignos, que defiende que el Estado Español ha destrozado una de las bases e la democracia como es la independencia judicial. No sólo tienen a fiscales que afinan, o llaman a los tribunales para que les den la razón a la hora que les va bien, pero además tienen a toda la prensa oficialista y una gran masa fanatizada de su lado.



A nadie en España parece importarle que los delitos de los que acusan a los líderes independentistas no se aguantan en ningún otro país, ni Bélgica, ni Dinamarca, ni Suiza ni ahora Escocia, que son inventados, con pruebas insuficientes y una intención política. Pero además el Estado a través de sus jueces está bloqueando la democracia en Catalunya, donde los candidatos elegidos por el pueblo a través de su Parlament no pueden ser investidos por razones fuera de cualquier razonamiento legal, simplemente porque son independentistas. La prevaricación del juez Llarena parece clara, y estamos convencidos que eventualmente la justicia internacional acabará metiendo a muchos de estos jueces, fiscales y políticos en la cárcel después de un juicio parecido al de Nuremberg.

La última del juez Llarena ha sido desposeer a un ciudadano sin ninguna condena encima, Jordi Sánchez, de su derecho de participar de la democracia como parlamentario y candidato a la presidencia. Es lo nunca visto. Incluso dejaron que un etarra participara en una sesión del Parlamento Vasco ya que no se le podía bloquear este derecho. Hablamos de un etarra, de 800 muertos. Por no mencionar que el propio Jordi Sánchez lleva más tiempo en la cárcel que los políticos socialistas condenados por los GAL, un grupo terrorista de estado del que Felipe González seguro que sabe mucho y que fueron amnistiados a las pocas semanas de entrar en la cárcel con una condena firme.

Como decíamos, parece ya imposible creer en el estado de derecho en España, que tiene mucho de estado y muy poco de derecho.

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