Pablo Llarena, a la derecha del gobierno

La separación de poderes en el reino de España vuelve a ser una realidad, pero en este caso, el poder judicial vira hacia la extrema derecha, entregado totalmente a la causa del partido neofranquista Vox que es la acusación popular contra los dirigentes independentistas encarcelados y exiliados.


En las últimas horas, hemos asistido a una sucesión de temeridades jurídicas que poco aportan a la ya tan cuestionada reputación del poder judicial español. El cambio de la acusación del delito de rebelión por el de sedición, la hipótesis de la masacre si hubieran actuado más efectivos policiales en el referéndum del 1 de Octubre o el reciente cruce de acusaciones de falsedad entre el juez Llarena y el ministro Montoro sobre la existencia del delito de malversación, muestran una vez más, las contradicciones y huidas hacia adelante de un estamento, que presionado por la extrema derecha, se erige como la principal causa de la ridícula imagen que el Estado español (llamado de derecho) está dando a todo el mundo.

A todo el caos jurídico, junto con las sentencias internacionales de los jueces alemanes y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hay que añadir la querella de prevaricación que desde el Parlament i la sociedad catalana están llevando a cabo contra Pablo Llarena.

El independentismo venció en el referéndum del 1 de Octubre, en las elecciones del 21 de Diciembre y en la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein del pasado 3 de Abril.  Pronto veremos la victoria judicial del independentismo dentro del propio Estado.

 

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