El Estado pasea a sus rehenes para reforzar su autoridad

los rehenes del estado

La juez Carmen Lamela ha comunicado en la Audiencia Española el auto de su procesamiento al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, su intendente, Teresa Laplana, el ex-director de los Mossos Pere Soler, y el ex-secretario de Interior César Puig. Se trata de formalizar los supuestos delitos de sedición por los hechos de los días 20 y 21 de septiembre y por el operativo del 1-O que los implicados ya conocían por escrito. El abogado j Alonso-Cuevillas explica que ha sido un procedimiento breve, tanto que “las declaraciones no han durado ni 2 minutos”. En total deben haber estado 5 minutos en la sala y han salido.


Mientras tanto en el Supremo, Llarena cita al vicepresidente Oriol Junqueras, el ex-presidente del ANC y diputado de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por comunicarles personalmente su procesamiento por el delito de rebelión.

Se trata de un formalismo totalmente evitable ya que la comunicación se facilitó por escrito y no aporta ningún valor hacerlos comparecer personalmente en el juzgado. Detrás de esto, se intuyen las ganas del Estado de pasear a los rehenes para reforzar su poder y autoridad frente al pueblo español. Nada más.

Ninguna novedad en el auto. La juez Lamela dice que los agentes de Mossos se negaron reiteradamente a atender las llamadas de auxilio de la Guardia Civil. Se mantiene en la idea que Trapero tubo el objetivo de aplicar un ‘plan predeterminado para evitar actuar’ en el referéndum del 1-O. Además, cree que la actuación de los Mossos los días 20 y 21 de septiembre responde al delito de sedición. La magistrada habla de organización criminal por el trabajo organizado del cuerpo de Mossos con Carles Puigdemont como máximo dirigente.

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