El juez Llarena beneficia la República catalana por error

El Juez Pablo Llarena hizo pública su decisión de no facilitar el permiso a Jordi Sánchez para que pueda acudir a la sesión de investidura como candidato designado por el President del Palament. Después de las últimas decisiones del Tribunal Supremo, no ha sido ninguna sorpresa para la mayoría. Volvemos a presenciar el bloqueo a la decisión del Parlament de Catalunya y la voluntad del voto de la mayoría de los catalanes.



El juez aceptó las tesis de la Fiscalía que justificaba ante el TS la necesidad de mantener al candidato en prisión por el riesgo de reiteración en “el actual contexto político vigente”, entre los que sitúa “el reciente pacto alcanzado por las formaciones políticas de JxCat y ERC para la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la república”.

Debemos entender entonces que, según el juez, Sànchez debe permanecer en Soto del Real porque los partidos más votados del bloque independentista han llegado a un acuerdo político y eso supone que el candidato en libertad podría trabajar para la realidad de la ansiada República. Una vez más el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha vulnerado los fundamentos en los que descansa la democracia parlamentaria española. Al mismo tiempo el principio de autonomía parlamentaria y el derecho de sufragio.

¿Por qué el juez Llarena alardea de la no separación de poderes en España? ¿Es consciente que su decisión favorece de pleno a la investudura de Sànchez?

La defensa de Jordi Sànchez aprovecha este patinazo de la decisión de Llarena y renunciará por ahora a presentar una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para defender que el candidato de JxCat pueda ser investido como presidente de la Generalitat por el Parlament.

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