#PrevaricaciónLamela: Por qué nadie habla de la posible prevaricación de la juez Lamela?

Por Jordi Domingo (Abogado)

Actualmente, líderes de organizaciones soberanistas catalanas y más de la mitad del Gobierno legítimo de Cataluña se encuentran privados de libertad bajo prisión preventiva, procesados básicamente por los delitos de rebelión y sedición.
Tal situación, en base al carácter pacífico de toda manifestación, concentración y acto organizado por las Entidades Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana y, asimismo, de las actuaciones y resoluciones aprobadas por el Gobierno catalán, cuyo fin es el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo catalán y el desempeño del mandato democrático que emana del Parlamento de Cataluña, institución que representa la voluntad de los ciudadanos, quiebra indudablemente el principio de proporcionalidad de las resoluciones judiciales a las cuales debe someterse cualquier juez del estamento judicial.

De hecho, la Organización Amnistía Internacional, emitió un comunicado en contra la prisión preventiva aplicada a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, “por constituir restricciones excesivas de su derecho de libertad de expresión y reunión pacífica”.



Obviamente, el respeto al Estado de derecho y a las resoluciones judiciales de los tribunales, es una característica esencial para el buen funcionamiento de un Estado democrático, si bien el carácter político de represión contra la voluntad mayoritaria de los catalanes en tales resoluciones es evidente por los siguientes motivos.

Motivo 1:

Aplicación del delito de rebelión contra líderes políticos que manifiestamente han rechazado la violencia para conseguir sus fines políticos.

Motivo 2:

El carácter estrictamente político de la Declaración Unilateral de Independencia manifiesta que en ningún momento se ha reemplazado la regulación vigente. Por consiguiente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña permanecieron siendo las actuales normas de aplicación en Cataluña, resultando en consecuencia una total absurdidad el procesamiento del delito de sedición.

Motivo 3:

Probablemente el Estado español debería cuestionarse la aplicación de tales delitos, típicamente imputados contra ciudadanos en Estados autoritarios o de poca calidad democrática. Para que sirva de ejemplo, King George del Reino Unido, en el siglo XVIII, acusó a los patriotas americanos de rebeldes y sediciosos por reclamar la independencia de Estados Unidos. Parece ser que el nacionalismo español del siglo XXI no está tan lejos de encontrarse en el lado equivocado de la historia.

En consecuencia, podemos afirmar que tales resoluciones judiciales podrían resultar susceptibles de considerarse en el ámbito de la prevaricación judicial, pues el carácter arbitrario de las mismas parece ser evidente. Por otra parte, sería conveniente resaltar que, en un Estado democrático y de derecho, no caben resoluciones judiciales manifiestamente injustas ni, lógicamente, contrarias a los tratados internacionales en favor del respeto a los derechos humanos que el Estado español ha firmado y de obligado cumplimiento en España.

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