El truco para cocinar la ranas es ponerlas en agua fría e ir calentándola poco a poco para que el cambio no sea demasiado brusco y la ranas salten fuera del cazo. Algo parecido ha estado haciendo el Gobierno de M. Rajoy y sus jueces de confianza repartidos por distintos estamentos. Desde las páginas de este medio, así como en las redes sociales y otros medios no vendidos al poder, muchos expertos han ido avisando de la deriva autoritaria de la justicia en el Estado Español. Recientemente hemos escuchado a gente como el propio Baltasar Garzón, Pérez Royo o Joaquin Urías alertar de esta deriva arbitraria del estado de derecho.

M. Rajoy ha contado con una población española absorbida por el “A por ellos” y el odio hacia los catalanes, unos medios entregados a la causa y unos jueces que le han hecho el trabajo sucio. Pero esta estrategia ha fallado en dos ocasiones, de momento. Falló el 1 de octubre con un brutalidad policial no vista desde el fin de la dictadura y que dio la vuelta al mundo, y el 27 de enero donde el Tribunal Constitucional ha firmado la sentencia de muerte del Estado Español como estado de derecho y como democracia.

En una resolución sin precedentes el Tribunal Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP contra la investidura cuando era a lo único que debía responder. Para no dejar mal a M. Rajoy y su gobierno el TC ha dictado medidas cautelares de oficio sin respetar las normas procesales básicas. Y en toda la resolución el TC no ha podido mencionar ni un artículo de la Constitución, a la que en teoría debe defender. La alarma entre los juristas ya no solamente catalanes, sino también españoles y demócratas, ha sido inmediata con gente como Joaquín Urías entre muchos otros.

El Tribunal Constitucional ha abierto las puertas a ser juzgado por la justicia internacional ante el desamparo de los ciudadanos catalanes bajo la justicia española. Y si se aplicara el Artículo 498 del Código Penal Español, estos miembros del TC deberán acompañar a Soraya Sainz de Santamaría a la cárcel, y en este caso de manera totalmente ajustada a la legalidad que dicen defender.