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Millones de catalanes dependen del tren para ir al trabajo, a la universidad o al médico. Sin embargo, la red de Rodalies continúa siendo sinónimo de retrasos, incidencias e incertidumbre. La falta de mantenimiento acumulada durante años y una gestión fragmentada entre Renfe, Adif y las administraciones han convertido un servicio público esencial en un problema cotidiano.
El precio de décadas de abandono
Cuando un tren se detiene por una avería, la consecuencia no es una cifra en un informe: es una trabajadora que llega tarde, un estudiante que pierde un examen o una familia que debe reorganizarse a última hora. Rodalies no es un lujo ni una cuestión secundaria. Es una infraestructura básica para la vida y la economía de Catalunya.
El deterioro no apareció de un día para otro. Durante demasiado tiempo, las inversiones y el mantenimiento no estuvieron a la altura de las necesidades de una red intensamente utilizada. El propio plan oficial de Rodalies identifica como prioridades la renovación de activos, las estaciones, los talleres, la capacidad y la modernización de los trenes. Es decir, actuaciones que deberían haber garantizado hace años un servicio fiable.
Madrid cobra, Catalunya espera: las cifras de una desigualdad estructural
La comparación entre Catalunya y Madrid retrata mejor que cualquier discurso las prioridades del Estado español. Según los datos de ejecución de inversiones del sector público estatal recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y analizados por el diario ARA, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa hasta mediados de 2024 se ejecutaron aproximadamente 9.713 millones de euros en la Comunidad de Madrid frente a 5.386 millones en Catalunya. Son 4.327 millones más para Madrid, pese a que Catalunya tiene más habitantes. La media anual fue de 239 euros por madrileño frente a 115 euros por catalán: más del doble.
Estas cifras corresponden al conjunto de inversiones estatales territorializadas, no exclusivamente a Rodalies o Cercanías. Y precisamente por eso resultan tan reveladoras: hablan de una manera de repartir y ejecutar los recursos públicos. Mientras Madrid suele ver cumplidas e incluso superadas sus previsiones presupuestarias, Catalunya acumula partidas anunciadas que no llegan a materializarse.
La entidad de verificación Verificat calculó que, entre 2015 y 2021, el Estado ejecutó de media el 122% de la inversión presupuestada en Madrid y aproximadamente el 60% en Catalunya. En 2022, la ejecución catalana fue del 43%, frente al 179,6% madrileño, según las cifras examinadas por el mismo medio. No es una anécdota de un gobierno ni una mala semana: es un patrón que atraviesa legislaturas de distinto color político.
PP y PSOE: cambian los ministros, continúa el agravio
El Partido Popular de Mariano Rajoy dejó una herencia de desinversión y deterioro que los usuarios de Rodalies siguen pagando. Pero el PSOE de Pedro Sánchez tampoco puede escudarse indefinidamente en sus antecesores. Ha tenido años para revertir la situación, ha anunciado planes millonarios y ha dispuesto de los resortes del Estado. El resultado sigue siendo una red que demasiados catalanes utilizan con miedo a llegar tarde.
El Ministerio asegura haber ejecutado 2.962 millones de euros del Plan de Rodalies entre 2020 y junio de 2026. Pero inversión contabilizada no equivale a obras terminadas ni a mejoras efectivas para los pasajeros. Una parte del gasto corresponde a trenes todavía pendientes de entrar en servicio y a grandes proyectos en curso. La pregunta que el Gobierno debe responder no es únicamente cuánto dinero declara haber gastado, sino qué actuaciones están acabadas y cuánto han reducido realmente las averías, los retrasos y las cancelaciones.
PP y PSOE se alternan en Madrid, pero Catalunya continúa esperando que las promesas se conviertan en trenes fiables. Cuando se trata de reclamar el voto catalán, abundan los compromisos. Cuando llega la hora de ejecutar presupuestos, el historial de ambos partidos muestra hasta qué punto las necesidades de los ciudadanos de Catalunya han quedado relegadas. El problema es político, no solo técnico.
¿Cuántas mañanas más deben perder los catalanes para que el Estado considere Rodalies una prioridad real? La respuesta independentista es que Catalunya debe disponer de los recursos y de la capacidad de decisión para dejar de depender de esa voluntad política ajena. La independencia no garantiza milagros, pero permitiría que la responsabilidad de invertir y gestionar recayera en un gobierno elegido y fiscalizado directamente por quienes sufren el servicio.
Las cifras desmienten los discursos triunfalistas
Según el balance oficial del Ministerio de Transportes, entre 2020 y 2025 se ejecutaron 2.505,85 millones de euros, aproximadamente el 72% de los 3.461,87 millones previstos para ese período. Son inversiones reales y sería falso decir que no se ha invertido nada. Pero también significa que una parte relevante de las actuaciones previstas no se había ejecutado dentro del plazo. La Cambra de Comerç de Barcelona cifró el retraso de ejecución en cerca de 800 millones de euros respecto a los objetivos del primer quinquenio.
El Gobierno español ha elevado el presupuesto anunciado del plan hasta 8.037 millones de euros para 2020-2030. Pero esa cantidad es una previsión para varios años, no dinero ya invertido. Incluso las cifras oficiales de ejecución incluyen actuaciones cuyos beneficios todavía no han llegado a los usuarios. Presupuestar, adjudicar, ejecutar y poner en servicio son cuatro cosas distintas. Los titulares millonarios no sirven de nada al pasajero que vuelve a quedarse atrapado en un andén.
Una gestión lejana de las necesidades de los usuarios
La infraestructura de la red estatal en Catalunya está gestionada por Adif y los servicios de Rodalies son operados por Renfe, mientras la Generalitat también participa en su planificación y gestión. Esta distribución de responsabilidades facilita que, ante cada incidencia, los responsables políticos se pasen la pelota. El ciudadano, en cambio, no puede pasarle a nadie las horas perdidas en el andén.
La crisis no se limita a las averías. La convocatoria de huelga de maquinistas para los días 10 y 12 de noviembre de 2026 vuelve a poner de manifiesto los problemas del sistema. La Generalitat ha fijado servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% durante el resto de la jornada. Según la información oficial, el sindicato SEMAF reclama que se retomen las negociaciones sobre seguridad ferroviaria y se cumplan compromisos pendientes. No todas las incidencias tienen la misma causa, pero todas terminan afectando a los mismos usuarios.
Los catalanes pagan el coste cada mañana
Para quien utiliza Rodalies a diario, la discusión política se traduce en algo muy concreto: salir de casa antes de lo necesario, consultar el móvil con angustia, perder conexiones y llegar tarde sin saber si el trayecto de vuelta será mejor. Es tiempo robado a las familias, al descanso y a la actividad económica. También es una injusticia social: quienes no pueden permitirse un coche o una alternativa privada son los más expuestos a las deficiencias del transporte público.
Mientras se suceden los anuncios institucionales, Catalunya sigue necesitando lo elemental: vías y catenarias bien mantenidas, trenes suficientes, información clara cuando hay incidencias y responsables que rindan cuentas por los resultados, no por las ruedas de prensa.
La independencia, una oportunidad para decidir nuestras prioridades
Desde una perspectiva independentista, Rodalies resume un problema político de fondo: Catalunya no dispone de todo el poder de decisión sobre una infraestructura decisiva para su población. Un Estado catalán independiente podría concentrar las competencias, decidir las prioridades presupuestarias y exigir responsabilidades a una administración ferroviaria propia, sin depender de las decisiones del Gobierno español.
La independencia, por sí sola, no repararía una catenaria ni eliminaría automáticamente los retrasos. Harían falta inversiones sostenidas, planificación técnica y una gestión rigurosa. Pero sí permitiría que las decisiones sobre los trenes que utilizan los catalanes se tomaran íntegramente desde Catalunya y que sus gobernantes respondieran directamente ante los ciudadanos.
El debate no es solamente quién gestiona Rodalies. Es quién decide qué inversiones son prioritarias y quién asume las consecuencias cuando el servicio falla. Después de tantos años de promesas, los usuarios merecen resultados. Y Catalunya merece poder decidir sobre sus infraestructuras estratégicas.
Fuentes: Ministerio de Transportes, balance de septiembre de 2026; ARA, comparativa Catalunya-Madrid; Verificat, ejecución presupuestaria; Congreso, cifras de Rodalies y Cercanías 2024; Cambra de Comerç de Barcelona; Generalitat de Catalunya, huelga de noviembre de 2026.
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